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Europa quiere acabar con el negocio de los estibadores españoles, porque considera que vulnera las normas comunitarias de libre competencia, así lo ratificó el Tribunal de Luxeburgo que dictó sentencia en 2014, obligando a España a desmontar el monopolio del que disfruta el colectivo. Consecuencia de no haber modificado aún la legislación, el Estado español deberá de pagar una multa por cada día de incumplimiento, que este año alcanzará los 21 millones de euros. Actualmente la ley 33/2010 de puertos obliga a estos operadores a entrar en el capital de la “sociedad anónima de gestión de los trabajadores portuarios” (Sagep) y contratar a sus trabajadores. Aunque curiosamente el Puerto de Cartagena es el único de toda España, en el que la Autoridad Portuaria posee el 51 por ciento de Sesticarsa, y el restante 49 por ciento corresponde a capital privado. Miguel Mª Delgado y Adrián Ángel Viudes (ex autoridad portuaria Cartagena)