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El Gobierno de Dina Boluarte desestimó la orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que exigía suspender de inmediato el trámite del proyecto ley de amnistía para integrantes de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional que vienen siendo investigados por cometer presuntos delitos de violación de derechos humanos en el marco de la lucha contra el terrorismo entre 1980 y 2000. Tras la firme decisión del Gobierno peruano los organismos expertos en derechos humanos expresaron su preocupación por la aprobación del proyecto de ley, al considerar que viola normas internacionales y contradice los compromisos asumidos por el Perú en materia de justicia y reparación. "Esta ley deja en total impunidad y premia a militares, policías y miembros de los comités de Autodefensa que violaron los derechos humanos" - Tania Pariona, secretaria general de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos La ley de amnistía, que aún está pendiente de la promulgación por parte del ejecutivo, afectaría a 156 víctimas